Los procesamientos de 12 exfuncionarios rionegrinos por el pago de sobresueldos fueron confirmados por la Justicia.
Entre ellos están los exministros César Barbeito, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; así como el exsecretario General de la Gobernación Francisco González, Daniel Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández.
Barbeito y González están imputados por el delito de "peculado"; los contadores Bossero y Pichi por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no haber controlado, y a los restantes se les atribuye participación necesaria en "peculado".
Los camaristas penales Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera coincidieron con los fundamentos del juez Carlos Reussi, quien dictó los procesamientos el 2 de mayo de 2012 -hace un año- en esta causa iniciada tras una investigación de "Río Negro".
El Tribunal sostuvo que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados. No obstante consideró controvertida la legalidad del sistema y consecuentemente la adecuación de las conductas de los imputados en los tipos legales que se les atribuyeron.
En este sentido detallaron que la mayoría de los imputados dieron explicaciones defendiendo el sistema implementado y la legitimidad de los pagos por esa bonificación por dedicación exclusiva funcional, "salvo el caso de algunos como Ongaro y quien estuviera a cargo del ministerio de Hacienda, Pablo Federico Verani, que hicieron otras consideraciones. Pero lo cierto es que si la resolución 61/04 firmada por quien ocupaba en ese momento el Ministerio de Coordinación, Barbeito, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los meses recibía personalmente".
El fallo agregó que se trató de un sistema donde quedaba en cabeza del ministro o el secretario una cantidad de dinero del erario público, destinado a una bonificación salarial pero "con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiéndose beneficiarse a sí mismo en más o en menos y beneficiar a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario".
Los camaristas no admitieron como descargo la presentación de recibos por parte de los imputados porque "no aparecen dentro de la tramitación ordinaria de expediente alguno que involucre liquidación con la intervención de las áreas técnicas y con gestión de control del gasto".
Puntualizaron que tanto Barbeito, primero, como González, después, disponían los pagos a las altas autoridades como los exministros y ellos mismos pero "a la hora de rendir las cuentas se omitió toda consideración en torno al destino de los fondos: quién, cuánto y por qué motivo percibió".
rionegro.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario